lunes, 31 de agosto de 2009





Del PROCEDE al FANAR, los afanes privatizadores del gobierno neoliberal, la destrucción de la vida comunitaria y la cobardía de unos cuantos.

“Si un traidor puede más que unos cuantos,
que esos cuantos no lo olviden fácilmente”.
“Solo le pido a dios” León Gieco,
(Cantante argentino)

El título kilométrico de esta colaboración tiene que ver con una de las horrorosas realidades que afectan la vida de las comunidades, desde la reforma constitucional de 1992, impulsada por Carlos salinas de Gortari y la tecnocracia que asaltó el poder, dio por muerta a la revolución, anunció con bombo y platillo la entrada al primer mundo y decretó el fin de la vida comunitaria y colectiva apropiándose de uno de los valores más significativos de la especie humana, la “SOLIDARIDAD”.

Mediante el llamado programa estrella del sexenio, los tecnócratas iniciaron la aplicación de un proyecto de corte etnocida, disfrazado de asistencia social, el cual buscaba sustituir uno de los preceptos más caros de la Revolución mexicana, declarada fenecida por régimen neoliberal, la “JUSTICIA SOCIAL”, en esencia se trataba de transformar las ancestrales estructuras de participación comunitaria por mecanismos del mercado, en los que el dinero se convertía en el elemento central de la vida en las comunidades, desplazando paulatinamente la vocación de servicio comunitario, los resultados no tardarían en ser vistos, corrupción y ambición tras el poder en las comunidades, algo ampliamente documentado a lo largo y ancho del país.

Detrás de todo ello se encontraba el afán del Estado por romper de una vez por todas los vínculos comunitarios con la tierra, que dos grandes reformas previas, la REFORMA JUARISTA y la LEY DE COLONIZACIÓN Y BALDÍOS de cuño porfirista, no habían podido lograr, estos vínculos se habían reafirmado mediante la oposición al juarismo y al porfiriato, cristalizó en las demandas enarboladas por la revolución popular de 1910, los anarquistas, zapatistas y villistas defendieron con el apoyo de las masas el derecho a la “TIERRA Y LIBERTAD”, tal fue el origen del ejido y el reconocimiento de las comunidades por el nuevo Estado, la oligarquía en el poder y los herederos postrevolucionarios no pudieron eliminar, por lo menos en la ley a los marginados de siempre, sus afanes por exterminar a los pobres no desaparecían ni mucho menos, se afianzarían durante muchas décadas, hasta llegar a 1992.

La materialización del proyecto asistencialista tuvo como base la privatización del sector público vinculado a las riquezas nacionales, así al grito de “VIVA EL LIBRE MERCADO”, los tecnócratas iniciaron el desmantelamiento de las empresas públicas, Telmex, Ferrocarriles Nacionales, CONASUPO, entre otras, marcaron el fin del ESTADO DE BIENESTAR e inauguraron el del “SALVESE QUIEN PUEDA”, para los socios del poder una nueva etapa de concentración de la riqueza, para los pobres más pobreza, una muerte asistida mediante los programas derivados de SOLIDARIDAD, PROCAMPO, PROGRESA y demás, se trataba en realidad de romper el vínculo entre la comunidad y la tierra, todo ello mediante una política asistencialista destinada a eliminar la cultura del trabajo y servicio que las comunidades habían desarrollado durante miles de años.

La estrategia del Estado se redujo a un par de acciones, mantener los bajos precios de garantía a los productos del campo y alentar la importación semillas al mismo tiempo que entregaba “ayudas” a los campesinos, consistentes en créditos a fondos perdidos, es decir no era necesario reintegrarlos, al mismo tiempo se conservó el sistema de tiendas DICONSA, o sea la CONASUPO, esta distribuiría los productos de primera necesidad, sobre todo las semillas a precios más bajos, lo cual reforzaría la idea de que no era necesario seguir siendo productivos en el campo, hoy en día, veinte años después es prácticamente imposible encontrar, al interior de las comunidades, jóvenes u hombres maduros que continúen dedicándose a producir en el campo, la inmensa mayoría de quienes aún lo hacen son los “MAYORES”, hombres y mujeres de más de sesenta años.

Las nuevas generaciones ya no vieron las condiciones de miseria en las que sus padres tuvieron que sobrevivir, al menos contaban con dinero para comprar los productos necesarios, esos que ya no producían y al final siempre había un remanente que les permitía adquirir algunos otros productos, especialmente aquellos que se consumían en las ciudades, incluidas las bebidas alcohólicas, eso alentó los cambios culturales de manera acelerada la colonización en una nueva versión, paralelamente el sistema político occidental hizo su aparición en los núcleos comunitarios, los partidos políticos cooptaron a las nuevas generaciones de líderes comunitarios y los educaron en las maneras y prácticas de corrupción y malos manejos símbolo del poder político del Estado mexicano, “el que no tranza no avanza”, de ahí surgirían las nuevas élites gobernantes, presidentes municipales, diputados, líderes magisteriales, representantes comunitarios y otros tantos cuya única divisa fue enriquecerse de la manera más rápida y ostentosa posible.

En este marco se empezó a banalizar el significado de la comunidad y sus valores, las comunicaciones hicieron otro tanto, las carreteras, símbolo del progreso rompieron viejo y fructíferos lazos intercomunitarios, añadiendo un ingrediente extra a la situación, la disputa por los recursos naturales, lo cual generó un sentimiento de competencia entre los que antes eran pares, hermanos de cultura y de prácticas. A pesar de ello subyacía el espíritu de la comunidad y en no pocas de las prácticas de la misma afloraba de tal manera que no ha sido posible desterrarla del todo, adicionalmente las políticas educativas han incrementado la ofensiva contra la identidad comunitaria, se puede encontrar además una gama muy amplia de políticas que han intentado por todas las vías exterminar a la comunidad, políticas demográficas de control natal, migraciones y demás-

Con el inicio del foxiato y el supuesto proceso democratizador de las estructuras del poder en México, no hubo más que continuidad del modelo neoliberal con un notable incremento de los afanes depredadores, tanto del medio como de los recursos que, se descubría abundaban en los territorios ancestrales de las comunidades, el ya señalado fin de las políticas sociales de bienestar y el desmantelamiento de las empresas nacionales se vio acrecentado por la desaparición de las instituciones creadas ex profeso para garantizar la mencionada justicia social, en el caso de las comunidades se puso fin al INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA, el cual, con todo y su carácter paternalista se había convertido en un espacio en el que aún con sus deficiencias era posible hacer patentes las reivindicaciones de las comunidades, sobre todo las originarias.

El colofón fue la puesta en marcha del llamado PLAN PUEBLA PANAMÁ, engendro diseñado para eficientar los procesos de exterminio comunitario con la máscara del desarrollo igualitario para todos los mexicanos, todo se resolvería mediante la implementación del libre mercado, siguiendo la misma línea se implementaron una serie de reformas fundadas en las modificaciones al artículo 27 constitucional, Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares”, PROCEDE, se llamó el primer intento, previamente, Salinas declaró muerta la Reforma agraria, finiquitó el reparto agrario y aceleró los procesos que llevarían a que los núcleos ejidales y comunitarios a “decidir por si mismos la privatización de sus tierras”, tal era el papel del PROCEDE, el marco previo había favorecido una serie de prácticas plenas de corrupción, venta de recursos naturales, bosques, agua, recursos minerales, etc., manejados discrecionalmente por los representantes comunitarios, comisariados comunales o ejidales, agentes municipales y de policía, presidentes municipales, delegados de gobierno y aún gobernadores y funcionarios federales e incluso presidentes de la república, remember el Tamarindillo”, afortunadamente no todo es negro en el panorama de las comunidades y en diversos espacios se ha generado una resistencia a la destrucción, 1994 sirvió para alentar el espíritu de lucha y resistencia, la lucha continúa.

El fracaso del PROCEDE, en estos 14 años, contados a partir de la reforma de 1992, 2,421 (dos mil cuatrocientos) núcleos agrarios del país lograron resistir las mentiras, corrupción, presiones y chantajes con los que se impuso el programa ha dado pie a un nuevo experimento, el “Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar“ (FANAR) que desde el año 2007 pretende completar las encomiendas de su antecesor con las mismas tácticas, amenazando o corrompiendo a los comisariados, ofreciendo dádivas cuando es necesario, en la región cuicateca de Oaxaca, por ejemplo un delgado agrario, el Lic. Juan Eddy García Coronado, llegó a ofrecer al menos en dos comunidades camionetas a los respectivos comisariados a cambio de su apoyo al programa, más tarde fue posible indagar que el mencionado delegado tiene nexos con representantes de compañías dedicadas a la minería, esto es solo una pequeña muestra de lo que sin lugar a dudas sucede en otras partes del país.

No es casual, entonces, el denodado afán de los organismos estatales como la Comisión nacional para el Desarrollo de los pueblos Indios, CDI, la Procuraduría Agraria, PA SEMARNAT, Dirección General de Minas, DGM, entre otros por tratar de convencer a veces en buenos términos, otras mediante amenazas directas o veladas, a quienes “representan a las comunidades a fin de lograr su cometido, los megaproyectos del otrora Plan puebla-Panamá, ahora Iniciativa mesoamericana, no pueden esperar, aunado a ello muchos gobiernos y representaciones comunitarias han renunciado a la defensa de los intereses comunitarios, mintiendo incluso a sus representados sobre las implicaciones de la “regularización” de los núcleos agrarios, en caso de prosperar el FANAR, como el pago de impuestos, la ofensiva de intereses ajenos a las comunidades, y en el caso de algunas comunidades cuicatecas sobre la gratuidad de los “servicios” del mencionado programa, obviando que se trata de un fondo, es decir que existe un recurso económico, financiado por el Estado mexicano, para la implementación del programa, será que también alcanza para sobornar a los representantes que lo apoyan, el tiempo lo dirá.

Por lo pronto, nadie en su sano juicio puede pensar en las bondades de un programa que casualmente se implementa con más ímpetu en zonas del país en donde se ha planeado previamente implementar los llamados megaproyectos, aeropuertos, carreteras, presas, hidroeléctricas, generadores eólicos, proyectos mineros, explotaciones forestales, en fin todo aquello que genera ganancias tasadas en miles de millones de dólares para unos cuantos y miseria y destrucción para muchos.

Adicionalmente el gobierno actual ha anunciado el fin de las políticas asistencialistas como PROGRESA y OPORTUNIDADES para el año 2012, es decir a menos de cuatro años, en un escenario en el que la mayoría de los habitantes de las comunidades han sido desacostumbrados al trabajo digno solo quedará privatizar para convertirse en los esclavos del dinero en el siglo XXI, sin un despertar de la conciencia comunitaria ni el compromiso para la defensa de la dignidad y el territorio de las comunidades originarias, solo nos quedará lamentarnos por lo perdido, a pocos meses del bicentenario de la independencia y del centenario de la revolución, difícilmente podremos celebrar el digno gesto de quienes buscaron su libertad, ofrendando incluso sus vidas por la libertad para todos y el derecho a existir con nuestros territorios y cultura propios.

Valga entonces recuperar la dignidad de los ejidos y comunidades y de todos y todas quienes conformamos este país, solo la dignidad de todos nos puede salvar, solo el pueblo salva al pueblo y sus enemigos deben ser desterrados, no cabe en una comunidad quien no acepta ni refrenda la tradición de la comunidad, hemos subsistido por miles de años y no pereceremos por la cobardía de quienes en vez de encarar la realidad pretenden ignorarla combatiendo con mentiras la resistencia y la lucha por los derechos comunitarios.

viernes, 21 de agosto de 2009

El Congreso de la Unión aprueba una demanda política de cese a la represión a los luchadores contra las mineras

Punto de Acuerdo que se dictamina denuncian la represión de que son objeto los luchadores ambientales de las comunidades afectadas por las actividades mineras, especialmente tratándose de la minería de tajo a cielo abierto en los Estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Sonora Hidalgo, San Luís Potosí, represión que incluye amenazas de muerte e ilegales órdenes de aprehensión, razón por la cual se demanda cesen los actos de hostigamiento, destacadamente se cancelen de inmediato las órdenes de aprehensión.

Así mismo, los proponentes señalan que en el Foro “La Minería de Tajo a Cielo Abierto, Sus Impactos En La Sociedad, El Medio Ambiente, La Ecología y Los Recursos Naturales. La Tarea Legislativa”, realizado en la H. Cámara de Diputados los días 22 y 23 de julio de 2009, se recogieron innumerables testimonios sobre el impacto socioambiental que causa la conducta ilícita de la industria minera, caracterizado por:

a. “Violación a las leyes ambientales en complicidad con autoridades de los 3 órdenes de gobierno.

b. “La violación de derecho de consulta previa, libre e informada de los pueblos.

c. “Violación al derecho elemental a un ambiente sano y a la salud.

d. “Carencia de manifestación de impacto ambiental.

e. “Desacato al cumplimiento de resoluciones judiciales adversas a la industria.

f. “Arbitrario cambio de uso de suelo.

g. “Despojo de recursos naturales a comunidades y ejidos.

h. “Devastación ambiental del entorno en el que se ubican.

i. “Persecución judicial y extrajudicial de los luchadores ambientales.

j. “Pérdida de la soberanía nacional.”


Ante estas violaciones, agregan los proponentes, las comunidades quedan en estado total de indefensión y pese a ello, han logrado organizarse en torno a la defensa de sus garantías individuales consagradas en
la Carta Magna, lo que ilegalmente ha originado la criminalización de los luchadores ambientales.

Los proponente ejemplifican su dicho mencionando a los Luchadores ambientales de la Mina de Barita del Ejido Grecia del Municipio de Chicomuselo en Chiapas: Mariano Abarca Roblero, Álvaro Aguilar Sánchez, Bulmaro Ramírez González, Franselia Ventura Gordillo, Aracely Ruiz Aguilar. A Agustín Roberto Ríos Cruz, deOcotlán, Oaxaca, Evelia Bahena García. Luchadora ambiental en el caso del Ejido del Real de Limón y Fundión Nuevo Balsas, Atzacala contra Minera Media Luna Subsidiaria de TECKCOMINCO; Esteban Guzmán Pulgarín. Ejido Ayotitlán Municipio Cuautitlán. Félix Monrroy Rutilo de la Comunidad de los Potros Peña Colorada y conflicto de límites Jalisco y Colima. Teresa López Zúñiga, Yoali Sionari Guerrero luchadoras contra el basurero tóxico en Zimapán, Hidalgo; Sobre la lucha ambiental en Coahuila: Francisco Rodríguez de Carrisaltillo. En Chihuahua: José Luis Alonso Vargas, David de la Rosa. Del Istmo de Tehuantepec del Estado de Oaxaca contra Cementera Cruz Azul: José Luis Godínez Velázquez, Antonio Jiménez Tolentino, David Altamirano Godínez, Lic. Beas, Sr. Teodocio.

Por lo anterior, la singular proposición aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión concluye con el siguiente resolutivo:

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal con el fin de que en el marco de sus atribuciones contribuya al cese inmediato de las acciones de hostigamiento que sufren todos los luchadores ambientales de las comunidades afectadas por las actividades mineras, así como a la cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión en contra de las personas mencionadas anteriormente.

Dictamen aprobado por el Senado con Exhorto

No. 16
Año 2009

Miércoles 19 de Agosto

3° Año de Ejercicio.
Segundo Receso
Comisión Permanente

http://www.senado.gob.mx/gace.php?sesion=2009/08/19/1&documento=64

Dictámenes a Discusión

De la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo:
Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a contribuir al cese inmediato de las acciones de hostigamiento que sufren los luchadores ambientales de las comunidades afectadas por las actividades mineras.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN POR EL QUE POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DEL EJECUTIVO FEDERAL Y DE LOS GOBIERNOS LOCALES A CESAR LAS ACCIONES DE HOSTIGAMIENTO QUE SUFREN LOS LUCHADORES AMBIENTALES DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LAS ACTIVIDADES MINERAS.

HONORABLE ASAMBLEA

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Tercer Año de ejercicio constitucional de la LX legislatura, fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a cesar las acciones de hostigamiento que sufren los luchadores ambientales de las comunidades afectadas por las actividades mineras, presentada por los Diputados Armando Barreiro Pérez, José Antonio Almazán González y José Jacques y Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de esta Proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES.

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 5 de agosto de 2009.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. En su capítulo de Consideraciones los autores de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina denuncian la represión de que son objeto los luchadores ambientales de las comunidades afectadas por las actividades mineras, especialmente tratándose de la minería de tajo a cielo abierto en los Estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Sonora Hidalgo, San Luis Potosí, represión que incluye amenazas de muerte e ilegales órdenes de aprehensión, razón por la cual se demanda cesen los actos de hostigamiento, destacadamente se cancelen de inmediato las órdenes de aprehensión.

Así mismo, los proponentes señalan que en el Foro “La Minería de Tajo a Cielo Abierto, Sus Impactos En La Sociedad, El Medio Ambiente, La Ecología y Los Recursos Naturales. La Tarea Legislativa”, realizado en la H. Cámara de Diputados los días 22 y 23 de julio de 2009, se recogieron innumerables testimonios sobre el impacto socioambiental que causa la conducta ilícita de la industria minera, caracterizado por:

a. “Violación a las leyes ambientales en complicidad con autoridades de los 3 órdenes de gobierno.

b. “La violación de derecho de consulta previa, libre e informada de los pueblos.

c. “Violación al derecho elemental a un ambiente sano y a la salud.

d. “Carencia de manifestación de impacto ambiental.

e. “Desacato al cumplimiento de resoluciones judiciales adversas a la industria.

f. “Arbitrario cambio de uso de suelo.

g. “Despojo de recursos naturales a comunidades y ejidos.

h. “Devastación ambiental del entorno en el que se ubican.

i. “Persecución judicial y extrajudicial de los luchadores ambientales.

j. “Pérdida de la soberanía nacional.”


Ante estas violaciones, agregan los proponente, las comunidades quedan en estado total de indefensión y pese a ello, han logrado organizarse en torno a la defensa de sus garantías individuales consagradas en la Carta Magna, lo que ilegalmente ha originado la criminalización de los luchadores ambientales.

Los proponente ejemplifican su dicho reseñando la represión en contra de Agustín Roberto Ríos Cruz, la que ha sido de diferentes formas y magnitudes: amenazas de muerte a su persona y a su familia; intento de secuestro por supuesta policía ministerial y de la Agencia Federal de Investigaciones; golpes de la PFP durante el desalojo en la mina La Trinidad en el Estado de Oaxaca, el 6 de mayo; la emisión de órdenes de aprehensión en su contra por injurias y amenazas, lesiones, daños en propiedad ajena por más de 65 mil pesos, daños a la minera por más de 2 millones de pesos, daños a vías de comunicación, bloqueo a las vías de comunicación.

Todos los anteriores, opinan los proponentes, son actos de persecución política, siendo que por los mismos hechos se reproduce la persecución en contra de Jacqueline López Almazan, sin haber participado en la lucha pacífica.

Ambos ambientalistas son miembros del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP) y ambos han sufrido la trasgresión a sus derechos más elementales, como el derecho a la defensa, que se les ha negado al no permitírseles ni siquiera tener acceso a los expedientes.

Dentro de los luchadores que siguen sufriendo dichas persecuciones y vejaciones, y por los que los proponentes solicitan cesen las agresiones son:

· Evelia Bahena García. Luchadora ambiental en el caso del Ejido del Real de Limón y Fundión Nuevo Balsas, Atzacala contra Minera Media Luna Subsidiaria de TECKCOMINCO

· Esteban Guzmán Pulgarín. Ejido Ayotitlán Municipio Cuautitlán.

· Félix Monrroy Rutilo de la Comunidad de los Potros Peña Colorada y conflicto de límites Jalisco y Colima.

· Luchadores ambientales de la Mina de Barita del Ejido Grecia del Municipio de Chicomuselo en Chiapas: Mariano Abarca Roblero, Álvaro Aguilar Sánchez, Bulmaro Ramírez González, Franselia Ventura Gordillo, Aracely Ruiz Aguilar.

· Sobre el basurero tóxico en Zimapán, Hidalgo: Teresa López Zúñiga, Yoali Sionari Guerrero.

· Sobre la lucha ambiental en Coahuila: Francisco Rodríguez de Carrisaltillo.

· En Chihuahua: José Luis Alonso Vargas, David de la Rosa.

· Del Istmo de Tehuantepec del Estado de Oaxaca contra Cementera Cruz Azul: José Luis Godínez Velázquez, Antonio Jiménez Tolentino, David Altamirano Godínez, Lic. Beas, Sr. Teodocio.

Por lo anterior, la proposición de mérito concluye con el siguiente resolutivo:

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal con el fin de que en el marco de sus atribuciones contribuya al cese inmediato de las acciones de hostigamiento que sufren todos los luchadores ambientales de las comunidades afectadas por las actividades mineras, así como a la cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión en contra de las personas mencionadas anteriormente.

II. La Constitución Federal ordena un desarrollo sustentable en oposición a un mero crecimiento depredador. De hecho, el párrafo quinto del artículo 4 de nuestra Constitución establece como garantía social que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.”

Frente a esta garantía el Estado debe cumplir la doble tarea de desarrollar una actividad de carácter positiva que garantice a sus titulares el disfrute de tal ambiente adecuado; por el otro, una actividad de abstención por la que debe respetar las actividades que desarrollen los gobernados para alcanzar la realización o disfrute del contenido de esta garantía social.

Ante lo dicho, es evidente el rezago que impera en nuestro país para hacer efectiva tal garantía a todos los mexicanos. Por un lado, poco han conseguido las autoridades del Estado mexicano para preservar y restaurar el medio ambiente en nuestro país. Por otro lado, no son pocos los casos que se han presentado en nuestro país de represión a quienes exigen la vigencia de tal garantía. Desde las instituciones del Estado se ha criminalizado la lucha social desarrollada por cauces legales en contra de las empresas rapaces, como es el caso de algunas mineras, que despojan los recursos naturales a las comunidades, provocando devastación ambiental del entorno en que se ubican, violentando con ello de manera sistemática las disposiciones ambientales mexicanas. Todo lo cual también agrede la garantía social a la salud, igualmente previsto en el artículo 4 constitucional, bajo el siguiente texto: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud…”

Para enfatizar las garantías a un ambiente adecuado y a la protección de la salud, la Ley del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente otorga un papel activo y comprometido a cargo de los integrantes de la comunidad en defensa de la ecología; es decir, lo prevé como un derecho-obligación de las personas, como una participación activa por un medio ambiente sano y por la preservación a los recursos naturales, para lo cual basta transcribir, los artículos 157, 180 y 189 de este ordenamiento:

ARTÍCULO 157.- El Gobierno Federal deberá promover la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales.”

ARTÍCULO 180.- Tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta Ley, los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegidas o los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de la misma, las personas físicas y morales de las comunidades afectadas tendrán derecho a impugnar los actos administrativos correspondientes, así como a exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para que sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras o actividades originan o pueden originar un daño a los recursos naturales, la flora o la fauna silvestre, la salud pública o la calidad de vida. Para tal efecto, deberán interponer el recurso administrativo de revisión a que se refiere este capítulo.”

ARTÍCULO 189.- Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o ante otras autoridades todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las disposiciones de la presente Ley y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico…

Ahora bien, sobre la obligación de presentar la manifestación de impacto ambiental, obligación esencial para preservar la ecología y cuyo cumplimiento se ha omitido de manera sistemática en esta materia según la denuncia de las comunidades afectadas, la misma Ley del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente en sus artículos 28 y 30, señala:

ARTÍCULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente….

ARTÍCULO 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.

Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos de la presente Ley, la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente.

Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental se realizan modificaciones al proyecto de la obra o actividad respectiva, los interesados deberán hacerlas del conocimiento de la Secretaría, a fin de que ésta, en un plazo no mayor de 10 días les notifique si es necesaria la presentación de información adicional para evaluar los efectos al ambiente, que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en términos de lo dispuesto en esta Ley.

Los contenidos del informe preventivo, así como las características y las modalidades de las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo serán establecidos por el Reglamento de la presente Ley.”

III. Para cumplir con el derecho-obligación a un ambiente adecuado, las personas y comunidades que se involucran en estas luchas, entrelazan su ejercicio con las garantías individuales de libre manifestación de las ideas; derecho de petición; derechos de reunión y asociación, entre otros. Por ello, al hostigar a las comunidades que se movilizan para exigir el respeto a sus derechos la salud y a disfrutar de un medio ambiente sano para las familias, la autoridad violenta de manera inadmisible un amplio abanico de garantías individuales y sociales, lo que cuestiona la vigencia del propio Estado de Derecho y de la esencia de la democracia, lo que de ninguna manera puede ser tolerado por el Poder Legislativo en su carácter de representante del pueblo y de la Nación.

Por lo dicho, hasta este punto coincidimos con el contenido de esta proposición. Debe quedar claro que la organización y lucha de la comunidades por preservar el medio ambiente, son acciones que fomenta el marco jurídico de protección ambiental en nuestro país, comenzando por nuestra Constitución Federal. Ello, en virtud de que un medio ambiente sano constituye la base de la vida y salud, de los individuos y de sus familias y comunidades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Primera Comisión de Trabajo, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal con el fin de que en el marco de sus atribuciones contribuya al cese inmediato de las acciones de hostigamiento que sufren todos los luchadores ambientales de las comunidades afectadas por las actividades mineras, así como a la cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión en contra de las personas mencionadas anteriormente.

Sala de Comisiones “Octavio Paz” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de agosto de 2009.

martes, 18 de agosto de 2009

Acteal, otra vez





Acteal, otra vez
Luis Hernández Navarro

No es una visión maniquea y simplista. La masacre de Acteal es lo que es: un crimen de Estado perpetrado por el gobierno de Ernesto Zedillo. La liberación de 20 de los paramilitares responsables de la matanza por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que no se les siguió un debido proceso, no tapa este hecho. La razón jurídica no puede ocultar la verdad histórica.


La inminencia del baño de sangre en Acteal fue advertida por muchos reporteros, analistas y conocedores de la región. Los dramáticos reportajes de Hermann Belinhausen, Blanche Petrich y Juan Balboa mostraron las huellas de la preparación del crimen antes de que se produjera. El sacrificio estaba anunciado.

Para comprender a cabalidad la tragedia se requiere entender tanto lo que sucedió en la comunidad como lo que pasó en Chiapas. Lugares como la región chol y el municipio de Bachajón vivieron situaciones similares desde meses atrás. Aunque hablaba de paz, Ernesto Zedillo hacía la guerra. En los lugares claves del estado se promovió la formación de grupos paramilitares. Pero muchas de sus víctimas no fueron zapatistas, sino civiles pacíficos y desarmados que, como en el caso de Acteal, oraban por la paz.

Sendos editoriales de La Jornada del 22 de noviembre y el 17 de diciembre de 1997 advirtieron sin ambigüedad lo que sucedería en Acteal. En el primero se señaló que (la escalada de la violencia) “es en extremo preocupante, ya que el padrón de conflicto en Chenalhó tiene grandes similitudes con lo sucedido en la zona norte del estado, donde actúa Paz y Justicia”. El suplemento Masiosare dedicó su entrega del 14 de diciembre de 1997 a este asunto y la tituló: “Chenalhó, otra vuelta de guerra”.

El padre Miguel Chateau, párroco de Chenalhó y uno de los más profundos conocedores de la región, advirtió: “la guerra de baja intensidad aniquila al mundo tzotzil” (La Jornada, 15/12/97). El cura no hablaba por hablar. Él mismo estaba amenazado de muerte. Jacinto Arias, presidente municipal del PRI y uno de los principales promotores de los paramilitares, le puso una cerveza en la mano y le dijo: “Si no controla a su gente, un día lo vamos a matar. Se lo digo cara a cara, padre. Vamos a quemar su cuerpo para que no se quemen los gusanos”.

En un reportaje televisivo sobre los indígenas desplazados del municipio por los paramilitares, titulado Chiapas: testimonio de una infamia, Ricardo Rocha percibió la tormenta que se avecinaba. Al entrevistar a don Samuel Ruiz y don Raúl Vera, el periodista les confesó: “vengo de los Altos de Chiapas, y vengo profundamente indignado, asombrado de que estas cosas todavía puedan ocurrir (...) profundamente adolorido también por lo que ocurre allá y seguramente ustedes no son ajenos: es inhumano...”

Andrés Aubry y Angélica Inda, dos de los más grandes conocedores de la dinámica social de los Altos de Chiapas, analizaron con rigor el surgimiento de los paramilitares en la región en nueve deslumbrantes artículos publicados en La Jornada. El primero de ellos, “Chenalhó en vilo”, aparecido el 30 de noviembre de 1997, tres semanas antes de la matanza, desbarató la hipótesis de que detrás de la violencia en curso se encontraba un conflicto religioso. “En Chenalhó los dos dirigentes antagónicos, el presidente constitucional (del PRI) y su contrincante, el presidente (en rebeldía) de la sede autónoma del mismo municipio, son evangélicos”, escribieron.

Meses antes, en “Chenalhó: los peligros del alma”, publicado en La Jornada en junio de 1997, analicé la gestación de la ofensiva paramilitar en ese municipio para concluir: “Lo que hoy está en peligro no es el alma, sino la vida de los hombres murciélago”. El 2 de diciembre, en “La guerra que no se atreve a decir su nombre”, escribí que la paramilitarización era la respuesta gubernamental a la expansión política y social del zapatismo, evidenciada por la exitosa marcha de los mil 111 rebeldes a la ciudad de México en septiembre de ese año, así como a su creciente implantación en territorio chiapaneco. “Los paramilitares –anoté–, a diferencia del Ejército o la policía, no tienen que rendirle cuentas a nadie, escapan al escrutinio público. Pueden actuar con la más absoluta impunidad e, incluso, presentarse como víctimas.” Desgraciadamente, el reciente fallo de la SCJN da la razón a estas líneas.

La masacre no fue un hecho aislado o fortuito, producto de la revancha de facciones indígenas enfrentadas por problemas comunitarios. No fue un enfrentamiento. En Chiapas hay una guerra, y no hay actividad humana más planificada que ésta. Acteal fue una acción bélica que respondió a su lógica profunda: la intensificación del conflicto, la que subyace, según Clausewitz, cuando dos ejércitos se enfrentan y “deben devorarse entre sí sin tregua, como el agua y el fuego, que jamás se equilibran”.

La estrategia gubernamental estaba trazada de antemano. Inmediatamente después de la masacre el Ejército amplió su presencia en Chiapas con más de 5 mil efectivos adicionales, y autorizó su participación en “la prevención de nuevos hechos violentos”. Se trasladaron hacia las Cañadas tropas destacadas en Campeche y Yucatán, al tiempo que se instalaron nuevos campamentos en la región de los Altos. Se quiso tender un nuevo cerco militar al zapatismo, un nuevo cordón sanitario, para tratar de frenar su expansión y el funcionamiento de los municipios autónomos.

Esta lógica quedó al descubierto en los meses posteriores. La guerra sucia contra el zapatismo siguió su curso sangriento. Acteal fue el banderazo de salida para acrecentar la ofensiva bélica. Fuerzas combinadas de diversas policías y ejércitos atacaron violentamente los municipios de Taniperlas, Amparo Aguatinta, Nicolás Ruiz y El Bosque, hasta que el 6 de julio de 1998, en Chavajeval y Unión Progreso, las fuerzas represivas toparon con pared.

La liberación de los asesinos de Acteal y la pretensión de rescribir la historia de la masacre no son un acto de justicia: son la continuación de la guerra por otros medios.

lunes, 17 de agosto de 2009





ATENCO Y LA OTRA CAMPAÑA: EL RECUERDO ESTA NÍTIDO, LA MEMORIA ARDIENTE


Por Heriberto Salas y Anastacio Aquino
Agosto de 2009
El recuerdo está nítido: 3 de mayo de 2006, 11 de la noche. Amurallados en el bunker del ex presidente municipal priista, José Carmelo Vázquez, padre de Francisco Vázquez candidato del PRD a la diputación local, Enrique Peña Nieto y Miguel Angel Yunes, subsecretario de Seguridad Pública, preparaban el brutal asalto policiaco a Atenco. Nazario Gutiérrez el presidentito de Texcoco se mantenía despatarrado viendo la televisión y comiéndose una torta. Mientras, Peña Nieto se coordinaba por teléfono con Higinio Martínez, quien se hallaba en Acapulco, en una de sus mafiosas convenciones perredistas.
El recuerdo está nítido: Atrás del simio Nazario Gutiérrez estaba la mano sucia de su padre putativo, el liderzuelo perredista Higinio Martínez, y detrás de éste el grupo Atlacomulco en pleno, el objetivo: “destrozar Atenco”.
El recuerdo está nítido: 4 de julio de 2006. Maurilio Hernández, coordinador de los diputados locales perredistas del Estado de México publica en La Jornada un desplegado en el cual la bancada del PRD da “un sólido apoyo al gobierno mexiquense” por la represión de Peña Nieto a los floristas del Belisario Domínguez y a Atenco. Maurilio haciéndole segunda a los Miguel Aquino, López Doriga, Javier de la Torre, Marissa Rivera, José Ramon Salinas, gatilleros de TV Azteca y Televisa, que se desgañitaron pidiendo la entrada de la AFI y el ejército a Atenco.
El recuerdo está nítido: Madrugada del 4 de mayo. El líder de los diputados perredistas podía estar satisfecho. Atenco entre las sombras se pintaba de rojo por la sangre derramada de los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y de “La Otra Campaña” zapatista. Las fuerzas de la AFI, la ASE, y las policías municipales de Texcoco y Atenco hicieron lo que los halcones judíos hacen en Palestina, lo que Bush hizo en Irak, actuaron como un ejército de ocupación. PRI, PAN y PRD en contra del pueblo. Ni más ni menos.
El recuerdo está nítido: Podemos imaginar la sonrisa estúpida de Higinio, Maurilio y Nazario (¡modelos de líderes del PRD!) ante la muerte del niño Francisco Javier Cortés, el cuerpo inerte de Alexis Benhumea, las mujeres ultrajadas, las casas cateadas, heridos de gravedad. Acteal, Tlatelolco, Aguas Blancas, todas las masacres sintetizadas en una sola: ATENCO, 2006.
El recuerdo está nítido: López Obrador calló, Cuauhtémoc Cárdenas calló, el Supremo Jesús (Orteguita) calló, los intelectuales cómodos callaron, su grito de lucha fue el silencio, su puño cerrado fue la complicidad con los Peña Nieto, Fox, Ardelio Vargas, higinios, Yunes, Robledo, etc. Guadalupe Acosta Naranjo, secretario general del PRD exigió al Subcomandante Marcos no interferiera en el caso.
El recuerdo esta nítido: El PRD fue el ariete impulsado con fuerza por los priistas y panistas contra el obstáculo de dignidad y lucha que representa Atenco. El PRD comenzó la represión. Esto no es una ofensa a la “izquierda”, es la pura verdad. El PRD jugó el papel de golpeador en Texcoco y Atenco, como lo ha jugado en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y en otras partes del país. Triste papel de una “izquierda” que se montó en los hombros del pueblo para enriquecerse en forma vil y que hoy trata de encaramarse en la campaña por la libertad de nuestros presos, intentando aparecer como la vanguardia.
Pero no son los únicos recuerdos.
El recuerdo está nítido: Febrero de 2006. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en la comunidad Javier Hernández, signa y se adhiere a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN. Atenco y el EZLN juntan sus ternuras en un abrazo solidario entre Nacho del Valle y el Subcomandante Marcos.
El recuerdo está nítido: 25 de abril. Día de San Marcos. Atenco. Encuentro de alzados. Apoteósica entrada del Delegado Zero y adherentes de La Otra Campaña a la desbordada plaza de la Nación de los Machetes. Marcos le dice al FPDT: "Venimos a reconocerles como nuestros hermanos mayores, porque nos han enseñado también a desafiar al poderoso, a enfrentarlo y a defender con nuestra propia fuerza aquello que nos quieren quitar: la tierra, la libertad y la vida. Esta tierra digna de Atenco tiene mucho que enseñar, no sólo a nosotros como zapatistas, sino a toda la gente que está luchando". El FPDT y el EZLN vinculados, hermanados orgánicamente por medio de esos fortísimos lazos invisibles de La Otra Campaña.
El recuerdo está nítido: 3 de mayo de 2006. Los perredistas de Texcoco agreden a los floristas. Nacho, Héctor y Felipe junto con los bravos de Nexquipáyac, otros pueblos de la región y los floristas son sitiados en la azotea de una casa, mientras la batalla contra la ASE se desarrollaba en Atenco, en la carretera Texcoco–Lechería. Javier Cortés muere a manos de los esbirros de Peña Nieto. A las 5 de la tarde entran a la casa de los floristas por los ahí acantonados. El salvajismo es pavoroso. Los penales de Almoloya, su destino.
El recuerdo está nítido: 3 de mayo. Cientos de adherentes a la otra campaña le siguen la pista a la caravana zapatista por la ciudad de México. Durante el tenso mitin político en Tlatelolco, El Subcomandante Marcos anuncia la suspensión de la Otra Campaña y la alerta roja del EZLN. Muchos compañeros emprenden el camino hacia Atenco. Esa noche ya en nuestro pueblo toman sus posiciones con el afán de resguardarnos y evitar otra agresión. A las 6:00 en punto, las campanas de la iglesia del centro de Atenco suenan fuertemente como señal del inicio de la incursión de las fuerzas del Estado. Los Selvas, Salinas, Italia, Norma, Pedro, Ángel y Alexis al igual que muchos otros adherentes a La Otra Campaña se encontraban en las vallas de activistas que pretendían frenar el paso a la policía. Alexis fue alcanzado por un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza que, finalmente, después de un mes en estado de coma le quita la vida.
El recuerdo está nítido: “Cerrado por alerta roja”, decía un letrero colocado a la entrada de Oventic, al igual que en los otros cuatro caracoles y las oficinas de las Juntas de Buen Gobierno. Las movilizaciones aquí y allá encabezadas por La Otra Campaña se intensifican. San Cristóbal de las Casas, Jojutla y Cuernavaca, Morelos; Villahermosa, Tabasco; Ayotzinapa, Guerrero, Estudiantes Cecehacheros, de la UNAM, del Poli, de Chapingo, activistas de Chilpancingo, los Panchos Villas de Unopii, compañeros de Jalisco, de Veracruz y zapatistas de todo el territorio nacional realizaron cierres de carreteras, plantones, mítines, manifestaciones, protestando y denunciando las atrocidades de los tres niveles de gobierno contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
El recuerdo está nítido: La respuesta de la Otra Campaña en el extranjero no se hizo esperar. "Hermanitos y hermanitas del EZLN, que somos nosotros mismos", palabras del pueblo mapuche en solidaridad con Atenco y con el México nuestro, el de los pobres, el de los de Abajo y a la Izquierda. Las denuncias y protestas inéditas se sucedieron en lugares aparentemente tan alejados como hermanados en nuestras luchas, como Estambul, Dublín, Bologna, Venecia, el País Vasco, la Garriga, Cataluña, Vancouver, Montreal, Atenas, Muenster, Tucson, Nueva York, Oslo, San Francisco, Viena, Sídney, Melbourne, París, Bahía Blanca (a las puertas de la Patagonia, Argentina), La Habana, Cauca, Colombia, San Salvador, Caracas, Buenos Aires, el Movimiento de los Sin Tierra brasileño, al igual que las principales organizaciones de estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, la Justicia del Barrio neoyorquina, la CGT española, la italiana ¡Ya basta!, la Coordinadora Nacional de Defensa del Agua y de la Vida de Bolivia, todas ellas adherentes a la Sexta Internacional, y tantas otras en el mundo, todas estas protestas internacionales cayeron como balde de agua fría a la hipócrita política internacional del gobierno foxista que pregonaba el respeto a los Derechos Humanos en nuestro país.
El recuerdo está nítido: Los aguerridos militantes de La Otra Campaña, por elemental justicia y solidaridad, inician un plantón a las afueras de las mazmorras del Penal de Santiaguito donde permanecen 207 compañer@s atenquenses y militantes de La Otra, que para el caso somos lo mismo.
El recuerdo está nítido: El histórico plantón se traslada al Penal de Molino de las Flores en cuanto nuestros presos son cambiados a Texcoco. Compañeras y compañeros de La Otra, militantes zapatistas, adherentes a la izquierda, pernoctan día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, en un ejemplo de dignidad, tenacidad, compromiso, gallardía y decoro, solidarizándose con nuestros presos como nunca se ha visto. El PLANTÓN, así con mayúsculas, es el memorial de resistencias, el baluarte de las rebeldías, el caudal de las ternuras, nunca antes experimentado.
Pero el Estado no se chupa el dedo. Su objetivo es liquidar al FPDT. No lo ha logrado. Entonces busca el hilo más delgado. La intromisión en las organizaciones. Para ello se disfraza de “izquierda” para tratar de dividir. Y llegan las rencillas, las falsedades, los embustes, incluso las calumnias. El Estado reptilea el movimiento soltando rumores y recursos. Aparece nuevamente el PRD tratando de lavar su imagen represora. Algunos militantes del Frente se van con la finta. Algunos presos también. La desesperación de algunos les hace ver en las “ayudas” de algunos partidos políticos la libertad de los presos, les hace olvidar que la lucha por los presos es también una lucha contra el sistema, y que éste es el responsable de las iniquidades y las injusticias.
Éste es el peligro que nos vayamos con la finta de las “ayudas”. El Estado lo sabe. Por eso se empeña en romper la unidad del movimiento de Atenco, el EZLN y La Otra Campaña. Parece que lo logrará si nosotros no somos capaces de analizar, reflexionar y corregir nuestro accionar. Hoy existe la propuesta de levantar el histórico Plantón del Molino de las Flores como la culminación de una etapa que busca más alternativas u otros caminos por la libertad de los presos sin la participación de los partidos políticos que, en rigor, han mediatizado y anestesiado las luchas sociales.
La propuesta de otros compañeros del FPDT que no compartimos la lucha ni el cínico maiceo de los partidos es que debemos fortalecer la unidad y la organización del movimiento social nacional e internacional para lograr la presión política y liberar a nuestros presos.
No dejemos que la memoria se apague, que nunca se nos olvide quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos.
¡VIVA EL FPDT!
¡VIVA EL EZLN!
¡VIVA LA OTRA CAMPAÑA!
¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!

ESCUCHE CUICATECO DE TEPEUXILA.

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Ahora puede escuchar cuicateco de Tepeuxila, oyendo los dialogos en: http://gospelgo.com/n/cuicateco.htm, tambien puede bajar en formato PDF
el texto del Nuevo Testamento traducido al cuicateco.

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA. Reportaje de Gloria Muñoz Ramírez

Ojarasca No. 148. Agostos de 2009. Gloria Muñoz Ramírez, Xayacalan, Santa María Ostula, Michoacán. El territorio nahua recién recuperado fue el escenario donde más de 250 delegados pertenecientes a 13 pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas del país coincidieron en que “el capitalismo se comporta ahora con la mayor saña que se haya visto en la historia, en una empecinada voracidad por nuestros recursos, agua, viento, vidas, tierras y territorios”. Ante esto, la Segunda Asamblea Nacional extraordinaria, del Congreso Nacional Indígena (CNI), advirtió que en estos momentos los pueblos indios se encuentran en una situación de emergencia.

El ambiente en el campamento en resistencia del nuevo poblado de Xayacalan, dentro de las asambleas y en conversaciones fuera de ellas, no sólo fue de descontento y denuncia sino de propuestas de acciones conjuntas, con la firme determinación de defender los territorios, ejercer la autonomía en los hechos y enarbolar un basta colectivo ante la violencia sistemática del Estado, traducida en despojos, desalojos, asesinatos, cárceles, desaparecidos, exiliados y represión —situación que, advirtieron en la declaratoria final, “no puede continuar”.

Hasta estas tierras del litoral del Pacífico michoacano llegaron representantes de los pueblos, tribus y naciones wixárika, yaqui, rarámuri, triqui, binnizá, tenek, nahua, purhépecha, ñahñu, mazahua, coca, amuzgo, tlapaneco, mixteco y cuicateco. Sus voces se mezclaron con cientos de participantes de las comunidades anfitrionas de Ostula, Pómaro y Coire, protagonistas de la recuperación de tierras del pasado 29 de junio, en una acción en que hicieron uso del derecho a la autodefensa, ante un ataque mercenario ordenado por un grupo de supuestos pequeños propietarios que habían invadido su territorio.

Fue precisamente la recuperación de estas más de mil hectáreas el motor de esta reunión. Para los anfitriones del significó el apoyo y solidaridad de Congreso Nacional Indígena (CNI) y en las cuatro mesas de trabajo fue el tema prevaleciente, como ejemplo de dignidad, organización, lucha y resistencia. Los retos no se vislumbran fáciles. En este paraje coexisten (o coexistían pues en estos momentos han hecho las siglas a un lado), militantes y simpatizantes de todos los partidos políticos.

Hoy se declaran al margen de ellos, unen sus esfuerzos y trabajan en la construcción de un municipio autónomo. Y no de un “municipio soberano”, pues, como diría don Juan Chávez, representante purhépecha, “esa es una fórmula capitalista que no tiene cabida en la autonomía”.

El referente más importante de la reapropiación de este territorio fue sin duda la activación de la policía comunitaria y guardia tradicional, cuyos representantes hicieron acto de presencia ante la asamblea en medio de los aplausos y ovaciones de los delegados y observadores agrupados bajo la enramada recién construida.

Con el rostro cubierto con telas negras improvisadas, miembros de la guardia tradicional se posesionaron en los costados de la reunión. “Ellos resguardarán nuestro encuentro. Nos cuidarán todo el tiempo”, señaló el moderador Teódulo desde el micrófono.

La autodefensa de los pueblos indígenas, afirmaron en la declaración final de Xayacalan, “es un modo de organización y acción que estamos buscando y ejerciendo como un paso necesario para defender y proteger nuestra autonomía, nuestra vida, nuestros pueblos, naciones, comunidades, tribus y barrios”.

Y ante voces aisladas que pidieron el reconocimiento institucional de las policías comunitarias indígenas, la asamblea aclaró que “la autodefensa no está sujeta a ningún tipo de negociación inter o paragubernamental, ya que es un recurso para lograr el buen vivir en equilibrio en nuestras comunidades, ante el resquebrajamiento y corrupción del entorno y de las instancias irresponsables de la seguridad estatal, nacional e internacional”.

La autodefensa, advirtieron “es un buen gobierno por nosotros mismos nombrado, reconocido y respetado, en el ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación como pueblos que somos”.
Para esta segunda Asamblea Nacional Extraordinaria, el CNI se organizó en cuatro mesas de trabajo, y en todas ellas se discutieron tres temas centrales: el balance de la lucha indígena a partir del Cuarto Congreso Nacional Indígena realizado en la comunidad ñahñu de Atlapulco en el mes de mayo de 2006; el diagnóstico y evaluación de la guerra de conquista y devastación neoliberal en contra de los pueblos indígenas, de la nación y de la Madre Tierra; y el ejercicio de la autonomía indígena, la protección de los territorios indígenas y el derecho a la autodefensa.

El camino. Carlos Manzo, del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, recordó que la primera sesión del CNI se realizó en San Gregorio Atlapulco en octubre de 1996, convocada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con una vasta presencia de los pueblos indígenas de todo el país.

El segundo Congreso Nacional se realizó en el zócalo de la ciudad de México en 1998, y el tercero en la comunidad purhépecha de Nurío, en el contexto de la marcha del Color de Tierra, encabezada por el EZLN y acompañada por los pueblos indígenas del país.

Durante todo este tiempo, recordó Manzo, “la voz de los pueblos indígenas fue traicionada por el Estado mexicano y aprobaron una ley indígena que no recogió los principales postulados de los Acuerdos de San Andrés”. En este contexto, en el cuarto CNI se ratificaron los Acuerdos de San Andrés como ley en las comunidades para fortalecer la construcción de autonomías en los hechos.

A partir del cuarto Congreso, continuó Alberto Guerra, de San Gregorio Atlapulco, “se crea una conciencia: si no participamos en la defensa de nuestros recursos, nos van a despojar y saquear de nuestras tierras, como han hecho desde hace años”. Es precisamente en este encuentro nacional donde el CNI en pleno ratifica su adhesión a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, promovida por los zapatistas como respuesta a la traición de la clase política mexicana al movimiento indígena nacional.

Es notable, señaló Rocío Moreno, del pueblo coca de Mezcala, que con la incorporación del CNI a la Sexta y su incorporación al recorrido de La Otra Campaña, este espacio de vinculación creció geográficamente, principalmente en el Norte del país, donde se llevó a cabo el Encuentro Continental de pueblos originarios de América, en Vícam, Sonora. A partir de ese momento, refirió Moreno, “se plantearon nuevos problemas y soluciones, y se añadieron fuerzas y resistencias”.

Federico Ortiz, observador de Uruapan, Michoacán, y acompañante del CNI desde sus inicios, coincidió en que ocurre un crecimiento del CNI en el Norte, donde, recordó, se organizó en solidaridad con los cucapá un campamento en defensa de la pesca prohibida por la Profepa. La autonomía y la defensa del territorio, indicó, se han fortalecido en los últimos años y como ejemplos citó la recuperación de tierras del pueblo nahua y la paralización del proyecto carretero
que pasaría por lugares sagrados de los wixárika de Santa Catarina.

Eutimio Díaz, wixaritari de Jalisco, refrendó que “antes el gobierno llegaba a las comunidades con programas, pero a estas alturas ya nos hemos organizado y ya no nos convencen. A veces cuando le llegan al comisariado pues se vende, pero ya no ha estado pasando esto. Ahora lo que pasa con nosotros es que los comuneros firman cosas que no deben y ya nos hemos dado cuenta”. Eutimio relató que el comisariado que “se vendió” iba a recibir dinero “para la comunidad” pero “la asamblea no lo dejó”, pues ya no aceptan esos programas del gobierno.

El diagnóstico y la autonomía.

En la asamblea extraordinaria del CNI se vertieron un sinfín de dolores de los pueblos indígenas. Y como respuesta y propuesta se habló de formas y acciones para parar los proyectos mineros y las represas que devastan el ambiente y desaparecen pueblos enteros. Se refirieron también a la
impostergable defensa del maíz y de todas las semillas naturales; al peligro que representan la iglesia y las sectas religiosas que se están implantando en territorios indígenas, al rechazo a los proyectos turísticos y carreteros, así como a la defensa del agua y el rechazo a su privatización.

Se habló, y mucho, de la injerencia nociva que representan los partidos políticos de todos los colores que llegan a destruir la organización comunal y de la represión a la que han sido sometidos los pueblos que resisten. Gaudencio Mancilla, nahua del Consejo de Mayores de Ayotitlán, advirtió que “una y otra vez los caciques y empresarios son los agentes de discordia en nuestra comunidad, como es el caso de la Mina Peña Colorada, donde explotan nuestras tierras y no pagan y no contribuyen en nada al desarrollo de la comunidad”.

Por su parte, Antonio Altamirano, de la colonia Yerbabuena, Colima, indicó que “haciéndose valer de la actividad del volcán nos están reubicando poco a poco…aunque somos pocos los que nos mantenemos en resistencia permaneciendo allí mismo, nos están cortando los servicios públicos como luz y agua”.

De Tuxpan, Jalisco, el nahua Eduardo Patricio Martínez, explicó que en esta comunidad se implementan cultivos orgánicos “que dan la misma producción que en los sembradíos que utilizan agroquímicos”.

Sobre la defensa del maíz, Silvia Ribeiro, en su calidad de observadora e integrante del grupo ETC, advirtió que se pretende que las comunidades “pierdan sus semillas naturales y se vean en la necesidad de comprarlas, además de que ellos están contaminando las semillas de las comunidades para después rastrearlas y quitárselas argumentando su contaminación”.

Ribeiro insistió en la importancia de que el CNI se declare en contra del maíz transgénico, se proteja a las semillas propias y denuncie que se las están contaminando. El representante purhépecha de Nurío, Juan Chávez, denunció en este sentido que la Ley de Protección de Semillas es “para obligar a nuestros pueblos a que se patenten las semillas, y detrás de esto está Monsanto y tres corporaciones más que controlan las semillas del mundo, entre ellas las semillas mejoradas, semillas Terminator y transgénicos, y vamos a tener que comprar esos maíces dependiendo de las empresas. Éstas son nocivas para el consumo humano. En Europa se utilizan para forraje y aquí las quieren vender como alimento. El gobierno con sus programas apoya a las semillas industrializadas, pero no hay apoyo al campo para cuando cultivamos nuestras semillas.

Si no registramos nuestras semillas tendríamos semillas piratas y nos cobrarían por usar estas semillas”. Por otra parte, Vicente Paredes Perales, de Mezcala, Jalisco, explicó que en esta comunidad hay un proyecto turístico que tendrá como consecuencia que los indígenas se conviertan “en esclavos de nuestras propias tierras”. Neftalí Domínguez, de Zitácuaro, mencionó que sus tierras fueron “explotadas para hacer un corredor industrial y nuestros bosques han sido
talados por gente capitalista”. Sin embargo, dijo, “ahora nosotros vigilamos nuestros bosques con nuestros propios recursos”.

Explicó también su lucha contra la empresa Santorini, que extrae el agua de sus manantiales. Desde Vícam, Sonora, llegó Juan Domingo por segunda ocasión a Ostula. Aquí se refirió a la intromisión de las sectas religiosas en las comunidades indígenas. Señaló que todas las sectas promueven lo que “es bueno para ellas” pero “no para nuestra cultura, que es la base de la
autonomía”. Las sectas, explicó, no permiten a los yaquis “participar en los usos y costumbres de nuestro pueblo y se atreven a opinar en contra de nuestras costumbres.

Cada vez más gente nuestra es convencida y algo hay que hacer en lo particular, pues es importante atenderlo con urgencia para detener esa constante intromisión que afecta la fortaleza de nuestra cultura y nuestras costumbres”.

Gabino Ávila, de la Mixteca oaxaqueña, puso a discusión un aspecto relevante de los procesos autonómicos: “Hay comunidades que hablan de autonomía y siguen recibiendo los apoyos del gobierno. Siempre he dicho que los apoyos no llenan las necesidades, pues se les da el sobrante a las comunidades y son proyectos que no se nos consultan, sino que nos los imponen en la Mixteca de Oaxaca.

El Congreso Nacional Indígena se pronunció por la libertad inmediata e incondicional de los doce presos políticos de San Salvador Atenco, los cinco presos de Candelaria, Campeche demandados por la Comisión Federal de Electricidad, y la de “todos y todas los presos políticos indígenas y no indígenas del país”.

CNI EN OSTULA, MICHOACÁN:

“Esta situación no puede continuar”