ataques a las vías de comunicación, contra la paz y la seguridad de las personas, la biodiversidad y allanamiento de morada.
Las acusaciones van dirigidas también en contra del reportero y articulista de La Jornada Hermann Bellinghausen, cuya calidad migratoria
–según el líder evangélico– debe ser investigada
por el Instituto Nacional de Migración, solicitud del todo improcedente y disparatada –pues el periodista es mexicano por nacimiento– que, en sí misma, da cuenta de la desinformación y la mala fe con que se conduce el dirigente mencionado.
Más allá de este despropósito, es necesario señalar que las denuncias referidas se inscriben en el contexto de un recrudecimiento reciente de la violencia en Mitzitón, a raíz del proyecto de construcción de una carretera entre San Cristóbal y Palenque, cuyo primer tramo está proyectado para pasar por esta localidad, y que cuenta con el ostensible respaldo del Ejército de Dios: el pasado 21 de julio, seguidores de este grupo asesinaron al campesino tzotzil Aurelio Díaz Hernández, quien encabezaba acciones de defensa de tierras comunales en las que se pretende construir el camino mencionado.
El notable incremento de la presencia del Ejército de Dios, su creciente activismo y su reciente reincorporación a la vida política formal –apenas el pasado jueves la organización ingresó a las filas del Partido Revolucionario Institucional, por la vía de la Confederación Nacional Campesina– no parecen deberse a la casualidad y antes bien son demostraciones de fuerza política y armada moralmente alentadas por el previsible fallo de la SCJN en torno a la liberación de los implicados en el caso Acteal. Cabe señalar que Alonso González, fundador del Ejército de Dios, fue uno de los primeros defensores de tales acusados y que en distintas ocasiones ha señalado el supuesto ensañamiento
y la injusticia
cometidos contra los paramilitares detenidos.
Como lo señaló el propio CDHFBC, el dictamen que deberá emitir el próximo miércoles la SCJN, presuntamente en favor de otorgar la libertad a los responsables de la masacre de 45 indígenas –15 de ellos niños– en Acteal, sólo se centra en juzgar las deficiencias con que se integraron las averiguaciones previas y el procedimiento jurídico, y omite, en cambio, el fondo del asunto: que los actuales detenidos cometieron un crimen de lesa humanidad y que están plenamente reconocidos por los propios habitantes de Chenalhó.
En suma, el máximo tribunal del país parece estar a punto de sentar un precedente nefasto –otro más– que amenaza con ser un nuevo acicate para la violencia en el sureste del país, y que configuraría una ecuación por demás perversa si se combinase con el avance de las acciones de hostigamiento en contra de los organismos humanitarios y periodistas, cuya única labor ha sido dar testimonio constante de los hechos ocurridos en la región.
La actitud de las instancias oficiales en el caso Acteal no sólo ha cancelado el acceso de las comunidades afectadas y las familias de las víctimas a la impartición de justicia, al no haber presentado hasta ahora a ninguno de los autores intelectuales de ese crimen de lesa humanidad; hoy, además, con la previsible liberación de parte de los autores materiales, la SCJN parece dirigirse hacia un nuevo escenario de escándalo, indignación y vergüenza nacional.
Tomado de: http://www.jornada.unam.mx/2009/08/09/index.php?section=edito
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