A los hermanos y hermanas del CNI

A los Pueblos del mundo.

A la Otra Campaña.

A la Red de Medios Libres

Abajo y A la izquierda.

Tememos que más sangre de nuestros pueblos se derrame por la ambición, la corrupción y la injusticia de los gobiernos priistas y sus grupos paramilitares, ahora parece ser que toca el turno a los pueblos cuicatecos.

El 29 de junio del 2010 la autoridad del Tribunal Agrario ejecutaran la sentencia definitiva que hará justicia y restituirá las tierras comunales a Santos Reyes Pápalo, del pueblo cuicateco; estas tierras que los caciques de San Pedro Chicozapotes, municipio de Cuicatlán y de Coapam de Guerrero, perteneciente al municipio de Concepción Pápalo han pretendido despojarlos, con un largo litigio agrario que perdieron en tribunales porque no demostraron la posesión ancestral de las tierras.

Pero como ya se esta volviendo costumbre en Oaxaca, si no te dan la razón jurídicamente te violentan tus derechos con los grupos paramilitares como el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), quien ahora amenaza a los comuneros de Santos Reyes Pápalo que no permitirán que se ejecute la sentencia definitiva.

El Lic. Juan Luís Martínez Martínez, coordinador regional del MULT en la cañada es quien esta llamando a la agencia de Coapam de Guerrero, y a San Pedro Chicozapotes a no permitir que las autoridades agrarias lleven acabo la ejecución a favor de Santo Reyes Pápalo y está orquestando la violencia.

Dado los antecedentes tememos que agredan a nuestros hermanos en especial a la comunidad de Cacalotepec pues las tierras que reclaman están en esta parte donde se ubica la comunidad.

Por lo que responsabilizamos al comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Chicozapotes y de Copam de Guerrero, así como al Lic. Juan Luís Martínez Martínez, coordinador regional del MULT en la cañada y al gobierno estatal de cualquier agresión a nuestros hermanos y hermanas.

Demandamos a que se haga justicia al pueblo de Santo Reyes Pápalo, llamamos a todas y todos a estar alertas en estos días por lo que pueda pasar el día 29 de Junio de 2010 cuando se lleve a cabo la ejecución agraria a favor de Santos Reyes Pápalo.

Por la Reconstitución y Libre Asociación de Nuestros Pueblos

Consejo de Base de la Comunidad de Cacalotepec.

Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón

Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC)

Congreso Autónomo Cuicateco (CAC)

Y^ña Ybaku, 27 de Junio del 2010.

La ley minera y la comunidad

Un problema medular en la Ley Minera y en la operación de las mineras, se relaciona con el papel marginal y de división en el que se pone a las comunidades.

La exclusión de las comunidades de la toma de decisiones sobre proyectos que involucran cambios fundamentales en su entorno y en su vida ha llevado a situaciones en donde los derechos humanos, entendidos en una perspectiva amplia que incluye los económicos, sociales y culturales y el medio ambiente son severamente lesionados.

La consulta a los pueblos, por su parte, no son mencionados en ningún momento en la Ley Minera, sin embargo este derecho es reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que como compromiso internacional tiene carácter de ley suprema en el derecho mexicano.

En términos de jerarquía constitucional, el Convenio 169 ocupa una posición más elevada que la Ley Minera. Sin embargo, es difícil que este convenio se constituya como herramienta de acceso a la justicia para los pueblos, debido a diversas barreras, como por ejemplo los altos costos y el elevado nivel de especialización requeridos para llevar a buen término un proceso ante tribunales, más aun si estos son internacionales.

La Constitución Mexicana establece que los derechos minerales pertenecen a la nación y no a los propietarios de los terrenos. Esta disposición, junto a la que hace de la minería una actividad prioritaria considerándola superior a usos alternativos de la tierra, desequilibra las relaciones entre las empresas mineras y los propietarios individuales o colectivos de la tierra.

Impactos sociales en la comunidad

Desde su llegada, las empresas mineras inician y provocan un conflicto social tendiente a dividir a la población, hacen un estudio socio-antropológico de los habitantes del lugar, así detectan el comportamiento de la gente. A los más carentes de escrúpulos los contratan y los utilizan para sus grupos de choque, a otros los controlan con empleos y regalías, incluso les pagan sin trabajar, a los que tienen facilidad de liderar, los corrompen y los utilizan para controlar a la gente.

Las entidades principales en este control, son las autoridades municipales y los comisarios ejidales, figuras claves para sacar adelante su proyecto.

Como la única forma de que estas empresas operen es a base de corrupción y actos delictivos, su control se extiende hacia las autoridades estatales y federales incluyendo al Presidente de la República. Su poder de corrupción es ilimitado. Intervienen y costean los procesos electorales, escogen sus candidatos a presidentes municipales para control político de las comunidades.

Todo esto genera un gran conflicto social, los que se oponen al proyecto y los que están siendo “beneficiados” económicamente y los apoyan, dos bandos que en ocasiones llegan a la eliminación física de algunos de sus miembros.

La comunidad de San José del Progreso ha estado viviendo de cerca este conflicto social, provocado por las mentiras de las personas que operan en la Minera Cuzcatlán y la complicidad del gobierno federal y estatal, mientras tanto se ignora la creciente oposición de la comunidad a la Minera y los graves daños que ha causado el conflicto social a estas fechas. Con estas acciones se sigue ignorando, reprimiendo y deslegitimando las luchas auténticas de las comunidades que son las dueñas del territorio.

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

25 de junio de 2010

Diez detenidos por el asesinato de dos funcionarios en Oaxaca

Opositores a empresa minera los emboscaron, según la PGJE

Octavio Vélez Ascencio y Agustín G. Samario

Corresponsales

Periódico La Jornada

Lunes 21 de junio de 2010, p. 40

El presidente municipal priísta de San José del Progreso, Oaxaca, Óscar Venancio Martínez Rivera, y el regidor de salud de esa demarcación, Félix Misael Hernández, murieron en una emboscada en la comunidad El Cuajilote, a manos de pobladores que se oponen a la explotación de la mina La Trinidad, propiedad de la compañía mexicana-canadiense Cuzcatlán, ubicada en tierras de propiedad colectiva, aseguró ayer la procuradora de Justicia de dicha entidad, María de la Luz Candelaria Chiñas.

La funcionaria desmintió así la versión divulgada el sábado, según la cual los ediles fallecieron en un enfrentamiento.

Candelaria Chiñas informó ayer en la capital de Oaxaca que se detuvo a 10 personas, entre ellas Martín Octavio García Ortiz, párroco de la localidad –ubicada a 35 kilómetros de la capital, en el distrito de Ocotlán de Morelos–, contra quien testigos hacen señalamientos directos.

La procuradora sostuvo que la averiguación previa 266/ 2010 indica que se trató de una celada, porque solamente hubo personas muertas y heridas del lado del alcalde y sus seguidores.

Agregó que en el incidente resultaron lesionados el regidor de obras públicas, Emiliano Arango Vásquez, Leonardo Ramírez Porras y el policía municipal Alberto Sánchez. Afirmó que las autoridades y sus simpatizantes no repelieron la agresión porque no tuvieron oportunidad.

Candelaria Chiñas agregó que el sacerdote García Ortiz fue golpeado y retenido por seguidores del alcalde; se le rescató alrededor de las dos de la madrugada del domingo y fue presentado a declarar como acusado de incitar los sucesos violentos.

El portavoz de la Asamblea de Pueblos Unidos por el Valle de Ocotlán en Defensa de la Naturaleza y la Autonomía Popular, Bernardo Vásquez Sánchez, rechazó la versión de la emboscada. Aseguró que hubo un enfrentamiento generado por el alcalde y los regidores de salud y obras, quienes impidieron el paso a pobladores de El Cuajilote que regresaban a su comunidad después de asistir a un mitin en la cabecera distrital, Ocotlán de Morelos.

Expuso que los pobladores reclamaron al alcalde por permitir a la constructora SECCO extraer material pétreo en el paraje El Lavadero, porque solamente es para consumo de la comunidad. Se les invitó a que se retiraran, pero el regidor de obras, Emiliano Arango, golpeó con la cacha de su pistola a un compañero y así se inició el enfrentamiento, señaló.

Destacó que Audelio Porras Sarmiento, Martín Dorantes, Bulmaro López y Jorge Luis Martínez Arango resultaron heridos de bala. La procuradora dice que solamente hubo heridos del lado del presidente municipal, pero nosotros tenemos cuatro, uno de ellos grave, indicó.

Pide la CNDH proteger a ex secretaria de Transporte

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Procuraduría de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca medidas cautelares para proteger a la ex secretaria de Transportes del estado, Aurora López Acevedo, y a sus familiares ante el riesgo de que pudieran cometerse actos de difícil o imposible reparación.

La CNDH asimismo señaló que investiga presuntos atropellos contra la ex funcionaria, quien denunció que fue secuestrada y agredida sexualmente por servidores públicos del gobierno estatal y personas vinculadas a ellos.

Con información de Víctor Ballinas

Rechazan versión de emboscada en San José del Progreso, Oaxaca

El representante la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Bernardo Vásquez Sánchez, desmintió que el presidente municipal de San José del Progreso y el regidor de Salud, Oscar Venancio Rivera y Félix Misael Sánchez, respectivamente, hayan muerto en una emboscada como lo dijo la procuradora del Estado, María de la Luz Candelaria Chiñas.

Agregó que la muerte la ocasionaron los mismos guardias del presidente municipal fallecido en la víspera y un infiltrado en el grupo de la Coordinadora, “porque nosotros no tenemos armas, nos defendimos con nuestros cuerpos”.

Dijo “quienes traían armas eran Alberto Sánchez Muñoz, Ángel y Luis Porras, ellos dispararon a quema ropa, en contra de nuestros compañeros, lesionando a cuatro de ellos y las balas de esos mismos guardias y uno más que estaba de infiltrado en nuestro movimiento, dispararon contra el presidente municipal”.

Explicó que el antecedente a estos hechos es la oposición de la Coordinadora a los trabajos de exploración de la mina de oro y plata que hace la Minera Cuzcatlán, pero los hechos violentos del pasado sábado, se dieron luego de que el presidente municipal, junto con dueños de una constructora “llegaron al río El Lavadero, para extraer material pétreo del lugar, lo que está prohibido porque éste sólo es para el uso de los pobladores, así se determinó en asamblea”.

Agregó que cuando se enteraron de que el edil y personal de la constructora SECCO habían llegado a ese río, “nos fuimos hacia ese lugar, les dijimos que se retiraran y fuimos recibidos a pedradas, tratamos de dialogar, pero los guardias del presidente municipal, empezaron a disparar, nosotros no teníamos armas, sólo nuestros cuerpos para defendernos”.

El 16 de marzo del 2009, los integrantes de esta Coordinadora “tomaron” la mina y paralizaron los trabajos de la minera Cuzcatlán, que realizaban a la entrada de la población de San José El Progreso”.

Para el seis de mayo, elementos de la Policía Estatal rescataron la mina y detuvieron a 20 manifestantes, quienes posteriormente fueron liberados, dos días después, la minera reinició sus trabajos de exploración.

El Palacio Municipal de aquella población se encuentra tomado por integrantes de la Coordinadora desde el pasado 18 de noviembre y el edil, en demanda de la desaparición de poderes, razón por la que el presidente municipal despachaba en una casa particular.

Por otra parte, un grupo de habitantes de San José del Progreso, adheridos a la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, se manifestaron frente a las oficinas de Ciudad Judicial para exigir que liberen a seis de sus compañeros, detenidos como presuntos responsables del homicidio del presidente municipal, Oscar Venancio Rivera y el regidor de Salud, Félix Misael Hernández.

Olga Rosario Avendaño

Oaxaca, México, 20 de junio de 2010.

Alcalde de San José del Progreso muere en gresca con pobladores

El enfrentamiento se desató porque el munícipe y sus seguidores impidieron el paso a opositores a la mina La Trinidad, en Oaxaca

El sacerdote Martín García se encuentra desaparecido

Octavio Vélez Ascencio

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 20 de junio de 2010, p. 40

Oaxaca, Oax., 19 de junio. El alcalde de San José del Progreso, el priísta Óscar Venancio Martínez Rivera, y un regidor murieron durante un enfrentamiento entre sus seguidores y pobladores de las agencias municipales El Cuajilote y Maguey Largo, que se oponen a la explotación de la mina La Trinidad, propiedad de la compañía mexicana-canadiense Cuzcatlán en tierras de propiedad colectiva.

La procuradora general de Justicia de la entidad, María de la Luz Candelaria Chiñas, informó que la gresca sucedió alrededor de las 18:30 horas en las afueras del pueblo, cuando el munícipe impidió el paso a pobladores de El Cuajilote y de Maguey Largo, quienes regresaban a sus comunidades.

Explicó que el alcalde y el concejal, a quien no se ha identificado, murieron por disparos de arma de fuego y un número no determinado de personas resultaron lesionadas por balas y golpes.

La funcionaria dijo que integrantes de diferentes corporaciones se han trasladado al lugar junto con agentes del Ministerio Público y peritos en varias especialidades para iniciar las investigaciones.

Según informes de pobladores de El Cuajilote y Maguey Largo, agrupados en la Asamblea de Pueblos Unidos por el Valle de Ocotlán en Defensa de la Naturaleza y la Autonomía Popular, el munícipe y sus seguidores les cerraron el paso cuando regresaban de la cabecera distrital, Ocotlán de Morelos, después de asistir a un mitin del candidato a la gubernatura de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, Gabino Cué Monteagudo.

A su vez, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca informó que el sacerdote Martín Octavio García Ortiz, quien ha acompañado a los pobladores opuestos a la explotación de la mina, fue golpeado por priístas y llevado a un lugar desconocido.

A principios de 2009, pobladores de El Cuajilote y Maguey Largo, así como de la cabecera municipal, bloquearon los accesos a la mina para exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cancelar la concesión porque su explotación provocará contaminación y afectará los recursos naturales, principalmente cursos de agua, con cianuro, mercurio, sulfato de cobre y arsénico.

Además, demandaron al Estado mexicano cumplir el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, porque no fueron consultados sobre si estaban de acuerdo con el proyecto.

Sin embargo, el 6 de mayo de ese año, efectivos de las policías Federal y Estatal Preventiva desalojaron a los inconformes y, como algunos opusieron resistencia, se enfrentaron con palos y piedras a los agentes, provistos de equipo antimotines y perros.

Elecciones de asistencia social

· Gobiernos y partidos lucran políticamente con ayuda a pobres
· Continuos huecos legales permiten desviar recursos, expresan analistas
· Los planes de los estados son los que presentan mayores fallas de control

Angélica Enciso

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de junio de 2010, p. 2

Con un presupuesto alto, que en 25 años sumó alrededor de 200 mil millones de dólares, los programas sociales destinados a combatir la pobreza de la mitad de la población mexicana que vive en esa condición, de acuerdo con la medición oficial, aún tienen vacíos que favorecen su uso proselitista, de cara a las elecciones que habrá en 14 estados el próximo 4 de julio: falta de transparencia, evaluación, fiscalización y designación unilateral de operadores.

Ello sucede tanto con mecanismos estatales como federales, aunque estos últimos tienen mayor institucionalización, lo cual atenúa su uso electoral. En el caso de los programas sociales de los estados, pocos tienen reglas de operación, existe mayor dispersión, falta de rendición de cuentas y carecen de evaluaciones que permitan conocer su efectividad para reducir la miseria, señalan analistas.

Oportunidades, principal plan del gobierno federal, con un presupuesto de alrededor de 60 mil millones de pesos –40 por ciento más que en 2009–, en este sexenio es dirigido por panistas, ya que no sólo su coordinador nacional, Salvador Escobedo Zoletto, tiene esa filiación, sino también la mayoría de quienes están al frente de las direcciones estatales, indica el investigador Enrique Valencia. Además tiene vacíos que pueden favorecer su uso político.

Uno es que los vocales de los comités de promoción comunitaria de Oportunidades, que representan el vínculo entre las familias beneficiarias y el personal de los servicios de salud, educación y coordinación nacional, eran electos hasta 2008 en asamblea por las titulares beneficiarias del plan en las comunidades. Con el cambio en las reglas de operación, a partir del año pasado, son colocadas por la coordinación estatal, lo cual, para diversos expertos, se convirtió en una ventana para el uso electoral, no sólo para el gobierno federal, sino también para los estatales.

Este es el mecanismo más evaluado y de mayor alcance. Este año respaldará a 5.8 millones de familias –casi 30 millones de mexicanos– en 97 mil 871 localidades de 2 mil 445 municipios, y se le incluyó el de Apoyo Alimentario, que llegará a 262 mil familias de las comunidades más aisladas.

Hay otros planes federales de los que hasta 2009 se desconocían su impacto y resultados, ya que no cuentan con evaluaciones. Se trata de 3 por 1 para migrantes, Apoyo a zonas de atención prioritaria, 70 y más –destinado a 2.1 millones de adultos mayores– y Opciones productivas, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Aunque el gasto destinado a programas sociales ha ido en aumento y un ejemplo es que el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social en la última década creció en promedio 22.1 por ciento, la miseria creció. En 2008, 47.4 por ciento de mexicanos –50.6 millones de habitantes– vivían en pobreza patrimonial y 18.2 –19.5 millones– en alimentaria.

Sólo este año los subsidios federales suman 350 mil 202 millones de pesos, 2.7 por ciento del producto interno bruto. El 62 por ciento de esos fondos son transferencias directas, mientras el resto se destinan a actividades productivas, señala Jesús Alberto Cano, presidente del Colegio Nacional de Economistas. Los planes con mayor presupuesto después de Oportunidades son: Seguro Popular, con casi 40 mil millones; Procampo, 15 mil millones, y 70 y más, cerca de 13 mil millones.

En 25 años, se estima, se destinaron 200 mil millones de dólares a dichos mecanismos, a pesar de lo cual la pobreza en ese periodo no se redujo, coincide Genaro Aguilar, investigador del Instituto Politécnico Nacional.

Los programas en los estados

La falta de un concepto legal de lo que es un plan social lleva a que en los gobiernos estatales se refieran a éste como programa de subsidio, programa operativo o programa público, indica Héctor Nájera, del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos. Éste es sólo el principio de una serie de irregularidades que se encontraron en una revisión de dichos mecanismos en los portales de Internet de los gobiernos estatales.

Descubrió que hay listados de programas discrecionales, lo cual se convierte en espacio para el uso político-electoral de distintas acciones sociales que pueden quedar fuera de ellos, como despensas, vales para útiles y pintado de banquetas, entre otras. Por ello es casi imposible dar seguimiento a esos recursos públicos y crear candados de protección, agrega.

En los casos en que los mecanismos tienen reglas de operación, éstas no incluyen su vinculación con leyes de transparencia, egresos o participación, por lo cual es imposible detectar información específica, como padrón y presupuesto. Hay otros en los que los datos están desactualizados, se omite información relacionada con presupuesto, padrón, requisitos y cobertura, y no hay reglas de operación, lineamientos, evaluaciones ni fiscalización, detalla.

En las entidades más precarias, como Chiapas, Oaxaca y Veracruz, se ha encontrado que su capacidad institucional es menor. La combinación de esas dos cosas hace que los planes sociales sean más susceptibles de usarlos electoralmente, a diferencia de donde hay menos pobreza y más ocupación. Además, son estados que reciben más recursos del Ramo 33 y de Oportunidades.

La realidad de los programas locales en México, en el contexto de las elecciones locales 2010, revela la existencia de una peligrosa relación: planes sociales poco institucionalizados y uso proselitista de ellos y de los bienes públicos, resalta Nájera.