Año 2006. En las calles de Oaxaca, tomadas por el pueblo, se respira cierto optimismo. El tiempo del cambio está por llegar. Si 1810 fue el año de la Independencia y 1910 fue el de la Revolución, 2010 volverá a ver a México sumido en una lucha total contra la opresión. Y quizá, por esta vez, la historia esté de lado del “México profundo” –el de “los de abajo”, verdaderos protagonistas de una historia silenciada “desde arriba”; y el “México imaginario” ya no sólo será por fin derrotado, sino incapaz –como hizo en el pasado– de llevar a su terreno el discurso de la emancipación, la libertad y la revolución[1].
El año 2006 fue especialmente conflictivo en México. Finalizado el sexenio de Vicente Fox –miembro del ultraderechista Partido de Acción Nacional, PAN– Felipe Calderón llegó a la presidencia tras un nuevo fraude contra del Partido de la Revolución Democrática (PRD), representante de la izquierda institucional y que acudía a las urnas de la mano de Andrés Manuel López Obrador. El movimiento lopezobradorista tomaría por meses la capital mexicana con plantones y manifestaciones de hasta dos millones de personas mientras su “líder” desconocía al gobierno “espúreo” de Calderón y creaba su propio “gobierno legítimo”.
Pero antes de que Calderón tomara posesión, Fox debía dejar limpio el panorama socio-político del país a su colega de partido. Lo haría primero en Atenco, en donde el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) había conseguido paralizar la construcción del nuevo aeropuerto capitalino en su territorio. A un mismo tiempo, era golpeada La Otra Campaña, impulsada por el EZLN como alternativa no partidista a las elecciones presidenciales y cuya caravana acababa de visitar la localidad atequense.
Posteriormente le tocaría el turno a Oaxaca en donde, a partir de la insurrección contra el gobernador Ulises Ruiz Ortiz (PRI), la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) comenzó a construir en el discurso y en la acción formas de organización socio-política que, sobre la base de los “usos y costumbres” de los pueblos originarios de la región, amenazaban de forma directa al poder establecido.
El narcotráfico como excusa
Tras el fraude en las elecciones presidenciales de 2006, Calderón se marcó como objetivo lograr afianzar la legitimidad de su gobierno a través de la lucha contra el narcotráfico. La escalada de violencia no se hizo esperar. Así, desde 2006, el total de muertes violentas se eleva a 16.000, casi 8.000 sólo en 2009, año en que la militarización se ha profundizado.
A través de la Iniciativa Mérida (también llamada Plan México, por sus similitudes con el Plan Colombia) EE. UU. ha destinado 1.400 millones de dólares a la lucha contra el narco. La iniciativa, que cubre los años 2007 a 2010, ha permitido a Calderón desplegar más de 50.000 efectivos militares por todo el territorio nacional. El resultado: incremento exponencial de la violencia y violaciones constantes de los derechos humanos por parte del Ejército –que se han incrementado un 600% desde que arrancó el Plan México– y que incluso ha llegado a denunciar la institucional Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La militarización y la presencia estadounidense en territorio mexicano encontró asimismo en la “epidemia” de gripe porcina una justificación más. Así, se creaba en marzo de 2009 el Centro Conjunto de Implementación para coordinar la acción de militares y policías de ambos países que cristalizaría en la realización, por primera vez en la historia, de maniobras militares conjuntas entre México y EE. UU., en la que participaría la 4ª Flota estadounidense, renacida ante la “amenaza” de Venezuela y otros países afines.
El acuerdo alcanzado a mediados de agosto entre Calderón y Uribe para la creación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia (GANSJ) con el fin de que ambos países coordinen acciones referidas a seguridad y justicia; la autorización por parte de Calderón a finales de 2006 para que la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) tenga presencia permanente en México; las denuncias de conexiones de grupos políticos del norte del país con los cárteles de la droga e, incluso, la posible creación, animada desde el Ejecutivo, de “grupos civiles de autodefensa”, son señales que alertan sobre el camino hacia la colombianización de México y la llegada de la “narcopolítica”.
Como es costumbre entre los gobiernos acólitos al libre mercado, la política mexicana de seguridad encierra objetivos ocultos. Para Pablo Romo Cedano, coordinador del Reporte de la criminalización de la protesta, elaborado por el Observatorio de la Conflictividad Social en México (OCSM), “en nombre del combate al narcotráfico y al terrorismo figuran un campo de batalla en donde los verdaderos criminales permanecen en la impunidad, mientras los líderes sociales son perseguidos, criminalizados y encarcelados por procesos judiciales absurdos”.
Y “razones” para la criminalización, no faltan. Según el OCSM, sólo entre 2006 y el primer semestre de 2008 se registraron 2.000 conflictos sociales de diverso alcance en México. Las condiciones sociales, políticas y económicas actuales no invitan a que el panorama de efervescencia social termine en 2010.
Cataclismo neoliberal
La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el 1 de enero de 1994 requirió cambios constitucionales que ponían fin a uno de los principales logros de la Revolución de 1910: la propiedad colectiva de la tierra. La reforma del artículo 27 de la Carta Magna abría las puertas a la privatización de las tierras, así como de los recursos naturales existentes en ellas. A un mismo tiempo, la apertura de mercados impedía al campesinado indígena competir con la economía agraria estadounidense, industrializada y subvencionada por el estado.
El hundimiento de la economía mexicana en ese período –incluido el nivel de endeudamiento externo que alcanzaría los 166.960 millones de dólares en 1999– sólo sería superado en 2009. Según el propio Banco Mundial, el número de pobres ha ascendido en 4’2 millones en 2009 (más de diez millones desde 2006), lo cual ha provocado que, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, más de la mitad de la población del país sea considerada pobre. El aumento de precios, incluida la canasta básica, ha deteriorado en un 44% las condiciones de vida de los campesinos, especialmente afectados por el alza de los precios de artículos como el maíz a partir de la entrada en vigor del TLCAN.
Por otro lado, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el PIB mexicano se contrajo en 2009 un 6’5%, la caída más fuerte desde 1933. A un mismo tiempo, 2.76 millones de personas –el 5.7 por ciento de la población económicamente activa– está actualmente desempleada. Flexibilización del mercado laboral, superexplotación, subcontratación, y violaciones permanentes de los convenios colectivos son algunas de las medidas tomadas por Calderón para quienes han conseguido mantener su empleo.
Crisis y política de partidos
El fracaso de la política antidroga de Calderón así como las consecuencias de la crisis económica ha hecho que Calderón y su partido hayan perdido la poca credibilidad que les quedaba tras el fraude de 2006. La consecuencia más directa ha sido su derrota en las elecciones celebradas en 2009 –en donde estaban en juego la mitad de los escaños de la cámara baja, seis gobiernos estatales y unos 500 alcaldes de once estados– en las que el PRI fue el gran vencedor con un 36’7% de los escaños y la mayoría de los puestos estatales y locales.
Así las cosas –de cara a las elecciones a gobernador que se celebrarán este año en 12 estados– el PRD y el PAN, en un pacto aparentemente “contra-natura”, han comenzado a preparar candidaturas conjuntas. El nombre de Enrique Peña Nieto –miembro del PRI, gobernador del Estado de México y responsable principal de la represión en Atenco– suena como candidato con más posibilidades de cara a las presidenciales de 2012.
Ante el duro panorama electoral que se le avecina al PAN, y en un intento por recuperar su credibilidad (y la de todo el sistema político mexicano, puesto en duda por la mayoría de la población) Calderón lanzaba el 15 de diciembre pasado su propuesta de reforma política.
Una reforma que busca profundizar el modelo presidencialista (entre otras cosas, atribuye al Jefe de Gobierno la facultad de vetar parcialmente las leyes que sean aprobadas por el Congreso) a la vez que busca crear la ilusión de que –en un país en donde los movimientos sociales se distancian cada vez más de la política partidaria– la ciudadanía tiene cabida en el modelo “democrático” mexicano permitiendo que ésta presente proyectos de ley al Congreso así como candidaturas independientes a los cargos de elección popular (aunque eleva del 2 al 4% el porcentaje de votos que un partido político ha de alcanzar para mantener su registro).
2009: lucha social y represión
Con un panorama socio-político como el descrito, no es de extrañar que el 2009 haya sido período de luchas sociales y represión, alimentando aún más las expectativas sobre una agudización de la conflictividad en el presente año. Pongamos sólo dos ejemplos.
México sigue mirando con expectativa al EZLN quien, según muchos, podría en este año presentar una nueva iniciativa política que trate de aglutinar la diversidad de actores sociales del país al tiempo que profundiza el proceso de construcción de la autonomía de las comunidades chiapanecas en resistencia, actualmente en una nueva fase de guerra de desgaste integral.
A través de una nueva escalada de “desarrollismo contrainsurgente” y paramilitarización se intenta controlar el territorio y acabar con la resistencia zapatista. Para Marina Pagés, del Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ) “los gobiernos están utilizando una doble estrategia: quitarle legitimidad a los zapatistas por las buenas (resurgimiento de instancias de diálogo, aprobación de la ley indígena, acuerdos con ONU y OIT, etc.); y por las malas (conflictos comunitarios en los que los zapatistas son presentados como los agresores o estigmatizando a defensores de derechos humanos). Se hostiga no sólo a las comunidades sino a la red de apoyo que acompaña el proceso de autonomía. Una política represora que se realiza en la más completa impunidad, como demostró la liberación, entre agosto y noviembre de 2009, por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de 35 indígenas sentenciados por la Masacre de Acteal en 1997 –donde fueron asesinadas 45 personas–, argumentando irregularidades procesales, pero sin entrar a juzgar la inocencia de los mismos.
Sin embargo, las protestas sociales más contundentes del pasado año se desarrollaron a partir del decreto aprobado por Felipe Calderón en octubre de 2009, a través del cual se disolvía la empresa pública de suministro eléctrico “Luz y Fuerza del Centro” –posteriormente tomada por el Ejército– confirmándose el avance de la privatización energética en el país.
Argumentando la falta de rentabilidad –según el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), provocada por el Ejecutivo– 44.000 trabajadores fueron despedidos, lo que llevó al SME –uno de los mayores del país– a convocar, entre otras acciones, sucesivas manifestaciones en la Ciudad de México. Si bien consiguieron una amplia participación solidaria de estudiantes e intelectuales de la izquierda, no han logrado, de momento, cohesionar un proceso más amplio –como indica Dolores González de Servicios y Asesorías para la Paz (SERAPAZ)– por el escepticismo que siguen generando en la izquierda antipartidista las formas de participación de los sindicatos tradicionales.
2010: parte del proceso
Un reciente artículo publicado en la revista Contralínea revela cómo, antes de la toma de posesión de Felipe Calderón, PAN y PRI –junto a empresarios y altos ejecutivos de grandes trasnacionales– idearon el Proyecto México 2030, cuya intención sería la de privatizar por completo todos los sectores estratégicos y los bienes de la nación. Tal proyecto político profundizaría no sólo la política neoliberal en el país, sino también lo que el activista e intelectual Gustavo Esteva, define como un “estado de excepción no declarado”.
Se dan numerosas similitudes con las condiciones que permitieron momentos históricos revolucionarios, incluso agudizadas por la fase terminal del neoliberalismo en la que nos encontramos. Algo claro es la multiplicación de las resistencias y la construcción de alternativas políticas y económicas en México que retoman la necesidad de reformular el estado y conseguir de una vez por todas la emancipación de todos los sectores excluidos. Chiapas, Oaxaca o Atenco no pueden ser analizados aisladamente. Forman parte de las luchas cíclicas que surgen desde esas prácticas ocultas de resistencia tejidas a lo largo de la historia de dominación capitalista. Las condiciones para que el México profundo pueda, por fin, hacer prevalecer su proyecto socio-político están dadas. Y, sin duda, 2010 supondrá un año quizá no definitivo, pero sí ilusionante. El futuro dirá…
- Sergio de Castro Sánchez es miembro del Col.lectiu Zapatista de València, “El Caragol”; coordinador de la sección México de Kaos en la Red y autor del libro Oaxaca: Más allá de la insurrección. Crónica de un movimiento de movimientos (2006-2007).
Tomado de : http://www.kaosenlared.net/noticia/2010-fin-tiempo-mexico-profundo
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